2018/11/14

Nota de prensa de las asociaciones vecinales del Casco Viejo de Bilbo y de la Parte Vieja de Donostia


La demanda es fruto de la indignación que generó la publicación, este verano, del “Estudio sobre la Regulación de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) en España" de la Comisión Nacional para los Mercados y la Competencia (CNMC), así como su decisión de recurrir las Ordenanzas Reguladoras de las VUT de Madrid, Bilbo y Donostia.

El organismo público niega la relación entre la subida de los precios del alquiler y la expansión de las viviendas de uso turístico en algunos barrios, haciendo suyo el argumentario de plataformas como Airbnb.
Representantes de más de 300 asociaciones vecinales de nueve comunidades autónomas registraron en el Congreso de los Diputados una petición para que comparezca el presidente de la Comisión Nacional para los Mercados y la Competencia (CNMC) y explique cómo se gestó el polémico "Estudio sobre la Regulación de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) en España". Buena parte de esas entidades, entre las que se encuentran las federaciones de asociaciones vecinales de Madrid, Barcelona y Ávila, la Federación de AAVV de Centros Históricos de Andalucía, la Coordinadora de AAVV de Madrid Centro, y las AAVV del Casco Viejo de Bilbo y de la Parte Vieja de Donostia, proceden de barrios que a diario sufren las consecuencias de la turistificación y de la expansión descontrolada de ese tipo de alojamientos. Por eso, la publicación, este verano, del estudio del organismo que preside José María Marín Quemada sentó a estas entidades como una auténtica puñalada, ya que reproduce buena parte del argumentario de plataformas como AirBnB, negando, entre otras cosas, que exista una relación entre el aumento de los precios de los alquileres y la proliferación de los alojamientos turísticos.
Consideramos que las llamativas coincidencias entre los postulados de la CNMC y la posición de AirBnB reclaman una investigación que aclare cómo ha sido el proceso de elaboración de este informe y si ha habido reuniones, llamadas telefónicas, visitas, etc., de qué se habló en todas estas reuniones, y quiénes asistieron”, puede leerse en la petición consignada ayer, que ha sido dirigida al presidente de la Comisión de Economía y Competitividad, el espacio en el que Marín debería rendir cuentas ante la ciudadanía.
Las asociaciones vecinales que firman la petición de comparecencia (cuyo documento adjuntamos) consideran “la intromisión de la CNMC injustificable y fuera de lugar al anunciar los recursos contra las normas de ayuntamientos y comunidades autónomas que están empezando a regular las VUT y critican “la vergonzosa defensa pública de este organismo, con los mismos argumentos de las empresas, como AirBnB, que tienen intereses”.
En su escrito, en el que solicitan el apoyo de los diputados y diputadas de la Comisión de Economía y Competitividad, las entidades vecinales recogen algunas de las razones por las que piden la interdicción de las viviendas turísticas: “las VUT no son queridas por la mayoría de las comunidades de propietarios. Con una población flotante que cambia día a día es imposible establecer relaciones de vecindad, los usos y costumbres de los residentes temporales no coinciden con los del vecindario habitual, además de los problemas de seguridad y de la actividad molesta que conlleva la presencia constante de personas ajenas a la comunidad, que disponen temporalmente de una llave de acceso a las zonas comunes. Cada vez son más las personas que se resisten a ver su portal lleno de maletas, convertido en algo parecido a una recepción de un hotel, a compartir las zonas comunes con personas desconocidas, a convertirse en extraños para aquellos con quienes se cruzan diariamente”. Pero, sobre todo, “la pérdida de valor residencial y el vaciamiento de nuestros centros históricos es un proceso que directamente mata la ciudad, forzando a los residentes a un éxodo involuntario: a los inquilinos, porque no pueden afrontar las subidas de los alquileres y a los propietarios por la pérdida progresiva de calidad de vida derivada de la ‘hotelización’ del edificio en el que viven”, apostillan.
Sin embargo, “todos estos problemas parecen no existir para la CNMC. Los minimiza o da para ellos unas soluciones imposibles o directamente absurdas, a pesar de las evidentes "externalidades negativas", como se llama en la jerga neoliberal a aquellos daños que la libertad de unos pocos causa al resto, a la mayoría. Y que, como tal, requieren de una mínima reflexión. Nos preocupa muchísimo que la CNMC, un organismo pagado con dinero público, proceda con tanta falta de rigor y se emplee abiertamente en hacer lobby a determinadas empresas que obtienen un beneficio directo del incumplimiento del marco legal por parte de muchos de sus denominados "anfitriones". Una empresa que obtiene lucro de la ‘ilegalidad’ nunca debería ser considerada un interlocutor válido”, remachan las asociaciones vecinales en el documento registrado.

2018/10/24

"La ciudadanía tiene derecho a estar protegida contra el ruido y denunciar el problema"

Dada la importancia de su contenido, copiamos íntegramente la entrevista que la revista Consumer realizó en 2009 a Emilia de la Serna, vicepresidenta para asuntos jurídicos de la Plataforma Estatal contra el Ruido.
España es el segundo país más ruidoso del mundo y las medidas para evitarlo son insuficientes. Son algunas de las afirmaciones de Emilia de la Serna (Sevilla, 1956), vicepresidenta para asuntos jurídicos de la PEACRAM (Plataforma Estatal contra el Ruido, que incluye más de 90 asociaciones). Esta licenciada en Derecho, que lleva ocho años en la lucha contra el ruido a través del asociacionismo, asegura que se trata de un problema medioambiental que afecta gravemente la salud de millones de españoles, pero las instituciones no asumen su responsabilidad para combatirlo. Por ello, subraya esta letrada, también vicepresidenta de la Plataforma por el Descanso en Sevilla y miembro de Juristas contra el Ruido y de la RADA (Red de abogados defensa medio ambiente), los ciudadanos deben ser conscientes de que el ruido vulnera derechos fundamentales. No obstante, y aunque se trata de un procedimiento laborioso, cada vez se consiguen más resultados favorables, remarca. 
Recientemente se ha celebrado el Día Mundial contra el Ruido. ¿Qué avances se han producido hasta ahora? 
Las propias administraciones son las primeras que ignoran los límites legales, por no hablar de la falta de transparencia. 
Las carencias en España son todavía significativas: hay una escasez de medidas prácticas, la Ley del Ruido no está siendo eficaz y el ruido del ocio y del tráfico aéreo, ferrovial y de carreteras no se intenta disminuir. Por otra parte, las propias administraciones son las primeras que ignoran los límites legales, por no hablar de la falta de transparencia. Los avances son mínimos con respecto a la magnitud del problema, y no se escucha a los afectados. 
A pesar de ello, poco a poco se va avanzando. La concienciación por los problemas del ruido es cada vez mayor y el afectado comienza a comprender que tiene derecho a exigir el respeto de los derechos constitucionales fundamentales respecto a la salud y a la intimidad en el hogar, entre otros. Los ciudadanos tenemos que hacer entender a la Administración que las exigencias medioambientales y de calidad de vida van a tener más peso en las agendas electorales. En este sentido, el pasado 29 de abril, Día Internacional del Ruido, la PEACRAM y Juristas contra el Ruido presentamos un escrito a las principales institucionales nacionales, autonómicas y locales denunciando la desigualdad de derechos de los ciudadanos y pidiendo una unificación de criterios. 
¿Por qué la Ley del Ruido, que en su momento se presentó como un hito, no está siendo eficaz? 
Por cada decibelio por encima de los 65 aumentan los ingresos hospitalarios un 5,3% 
Los jueces y ciudadanos se quejan de que los tecnicismos la vuelven incomprensible e inaplicable y está llena de imprecisiones. Por otra parte ha de ser adoptada por las comunidades autónomas. Por ejemplo, los principios de cautela y prevención están ausentes: ante un foco emisor que provoca un ruido evidente, lo primero que debería hacerse es paralizar el foco, no medir para comprobar la magnitud. Además, se excluyen las fuentes de ruido que más afectan a los ciudadanos, como las actividades de ocio y los ruidos vecinales. Llama la atención que en un país con nuestro clima se imponga la obligación de medir con ventanas cerradas. En definitiva, el sentido que impregna la ley no es la defensa de la salud y la intimidad en el hogar. 
En este sentido, ¿qué efectos sobre la salud y el medio ambiente produce el ruido? 
El ruido es un vertido tóxico y numerosas investigaciones recogen la gran variedad de sus efectos negativos. 
Diversas investigaciones destacan gran variedad de efectos negativos de este vertido tóxico que es el ruido:
  • Un estudio realizado en Francia concluye que personas sometidas a niveles de ruido superiores a los 85 decibelios (dBA) (normal en zonas de "movida", ruido de tráfico, ferrocarriles, aviones o en algunos trabajos) sufren un 12% más de problemas cardiovasculares, un 37% más de problemas neurológicos y un 10% más de problemas digestivos.
  • El Proyecto HYENA sobre los efectos de ruidos en aeropuertos, financiado con Fondos Comunitarios y publicado en la revista European Heart Journal, revela que ante un ruido superior a los 35 dBA la tensión arterial sube, incluso sin que el afectado se despierte.
  • La Organización Mundial de la Salud (OMS) concluyó en 2006 que la exposición a largo plazo o permanente a ruidos como tráfico, sirenas u otras fuentes es responsable de un 3% de los ataques cardíacos.
  • En el Reino Unido se considera que de 101.000 muertes por enfermedades coronarias, 3.030 pueden estar causadas por exposición crónica al ruido, incluyendo el ruido del tráfico.
  • Julio Díaz, del Instituto de Salud Carlos III, menciona en el trabajo "Ruido, tráfico y salud" que por cada decibelio por encima de los 65 aumentan los ingresos hospitalarios un 5,3%, especialmente por causas cardiovasculares. 
Se ha llegado a considerar el daño causado por ruido como un delito de lesiones. 
En resumen, el ruido provoca diversos efectos: agitación respiratoria, taquicardias, aumento de la presión arterial, del colesterol, de la glucosa en sangre, de los dolores de espalda, cuello y cabeza, y de los problemas gástricos. El insomnio y dificultad para conciliar el sueño provocan estrés, depresión, irritabilidad o agresividad; el deseo sexual se ve afectado; disminuye la capacidad de concentración y la memoria; las relaciones familiares, sociales y laborales se ven afectadas, especialmente en los niños: el rendimiento escolar y laboral baja, se retrasan en el aprendizaje y se hacen poco sociables. Ya hay diversas sentencias con condenas por delito contra el medio ambiente en su modalidad de contaminación, acústica, basadas en el artículo 324 del Código Penal. Incluso se ha llegado a considerar el daño causado por ruido como un delito de lesiones. 
¿Cuántos ciudadanos sufren en España esta contaminación acústica? 
España es el segundo país más ruidoso del mundo, después de Japón: hay nueve millones de españoles sometidos a niveles superiores a los 65 dB (A), según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (FREMAP) publica que en España hay cuatro millones de personas que trabajan en entornos con unos niveles de ruido superiores a los 85 decibelios. El 45% de los encuestados por la cadena de centros auditivos GAES considera que su ciudad es "muy ruidosa". En nuestras asociaciones tenemos casos de familias devastadas y de personas sujetas a situaciones indescriptibles provocadas por el ruido. 
¿Por qué España es tan ruidosa? 
España es el segundo país más ruidoso del mundo, después de Japón.
El tópico de la "cultura" esconde una falta de civismo o una inaplicación de la legislación vigente, ya que no se entiende que el bien prioritario que hay que proteger es la salud. En el Reino Unido, por ejemplo, se ha permitido la apertura de pubs toda la noche, pero esta licencia está sujeta a la aprobación vecinal, y si ésta se retira el pub cierra. En España hacen falta años de sufrimiento y más de tres años en los juzgados para llegar al cierre. La actuación administrativa es ineficaz y lenta, cuando por fin llegan las sanciones, éstas son irrisorias. El afectado se ve ante una Administración que no quiere actuar ni conoce estos problemas. La policía tiene muy poco margen de maniobra para actuar. La diferencia normativa en las distintas autonomías crea una desigualdad de los ciudadanos ante la ley y complica las actuaciones. Las obras públicas no respetan las normas del ruido, van atrasadas y para cubrir su ineficiencia trabajan por la noche. Por ejemplo, en Sevilla son miles los afectados por el ruido del nuevo metro, y lo mismo ha ocurrido con las nuevas pistas del aeropuerto de Barajas. Faltan campañas de concienciación ciudadana y compromiso real de los gobernantes para aplicar la legislación vigente.
¿Cuáles son las fuentes de ruido más comunes? 
En Reino Unido, la apertura de pubs toda la noche está sujeta a la aprobación vecinal.
Si bien todos los estudios consideran el ruido del tráfico como el más importante, se confunde la causa con el efecto: el ruido de tráfico nocturno es efecto indirecto del "ocio nocturno". Por ello, esta actividad y sus efectos (tráfico, aglomeración de gente y consumo en la puerta, gritos, coches discoteca, "botellones") son las principales fuentes de ruido y de hecho, la mayoría de las denuncias presentadas por ruido son contra dichas actividades. 
Por otra parte, el ruido generado por las infraestructuras (tráfico aéreo, ferroviario y de carreteras) y las actividades industriales y las obras (públicas o privadas) es otra importante fuente de contaminación. Asimismo, la actividad de algunos locales comerciales puede provocar graves ruidos de impacto si no están adecuadamente aislados. Los ruidos vecinales son fuente de graves problemas, difíciles de resolver por la falta de legislación aplicable. 
¿Qué medidas puede tomar un ciudadano afectado por niveles de ruido dañinos? 
El "ocio nocturno" y sus efectos son las principales fuentes de ruido en España.
Debe tener muy claro que tiene derecho a estar protegido contra el ruido y denunciar el problema. En casos de ruido de ocio y vecinales, describiendo la situación y el daño detalladamente por escrito ante su Ayuntamiento y/o Gobierno autonómico. Y para ruidos por infraestructuras, ante el Gobierno central. Al mismo tiempo, denunciarlo ante la Policía (hay ciudades que incluso tienen una Policía local específica para el ruido) y solicitar mediciones, tanto de la Policía como del Ayuntamiento o subsidiariamente del Gobierno autonómico. Es muy importante recabar pruebas en forma de fotos y mediciones, así como acudir al médico para hacer constar los daños en la salud. 
Para obtener más información, son muy útiles las webs de la PEACRAM y la de Juristas contra el Ruido. Asimismo, el libro "El Ruido en las Ciudades" de Juristas contra el Ruido y PEACRAM (Editorial Bosch) y "La Defensa Jurídica de la Contaminación Acústica", de José Joaquín Herrera del Rey (Editorial la Ley) contienen un magnífico compendio que sirve de guía sobre cómo actuar.
¿Cuánto puede costar seguir un procedimiento para denunciar un caso de contaminación acústica? 
Cuanto antes actúen los ciudadanos mejor: se están ganando muchos casos por daños patrimoniales, físicos y morales.
No podría dar una estimación de costes de asistencia jurídica porque cada caso es distinto. Por ello, aconsejo una primera consulta telefónica o por Internet para exponer el problema, siempre a un abogado especializado. Cuanto antes se actúe mejor: se están ganando muchos casos por daños patrimoniales, físicos y morales. Y nunca se debe asumir que una actividad o local cuenta con licencia o cumpla sus condiciones, ya que hasta los propios ayuntamientos incumplen la normativa. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Sevilla prohibió en 2001 la concesión de licencias para discoteca en zonas de vivienda, aunque con posterioridad las concedió en contra de su propia normativa, hasta que los vecinos las anularon en los tribunales. 
¿Qué medidas deberían tomarse para combatir eficazmente este problema? 
Hace falta más sentido común y menos mediciones. Es vital que se aplique el principio de cautela, y que se creen protocolos de actuación de la Policía que les permitan actuar de forma inmediata. Y debe haber voluntad de aplicar la ley: el primer incumplidor es la propia Administración: no da acceso a la información ambiental, los estudios de impacto ambiental son cuasi secretos, obvian puntos clave, etc. 
El Ministerio de Vivienda ha asegurado que la aplicación obligatoria del nuevo Documento Básico de Protección frente al Ruido, a partir del 24 de abril, triplicará la exigencia de aislamiento acústico en los hogares. ¿Cómo valora esta nueva norma? 
Es muy importante recabar pruebas en forma de fotos y mediciones, así como acudir al médico para hacer constar los daños.
El problema es que sobran normas y faltan aplicaciones. Además, este documento es de aplicación para las obras que se comiencen ahora, y si bien aumenta la exigencia, se encuentra por debajo de lo que otros países obligan hace diez años, como recuerda la Asociación Española Contra la Contaminación por el Ruido (Aecor). 
Los Mapas de Ruido, de elaboración obligada por la Directiva europea sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, se presentaron como otra medida contra este problema. ¿Se han cumplido los plazos en el caso de España? 
En muy pocas ciudades. Pero lo verdaderamente preocupante es que en muchos casos estos mapas responden más al interés de los ayuntamientos de esconder los problemas de ruido que a detectarlos. Se dan como resultados cifras medias que esconden la gravedad del problema, y hay muchas formas de medir, lo que lleva a resultados muy distintos. Muchos mapas se han hecho sin participación ciudadana de los afectados. Ahora bien, si los ayuntamientos asumen la intención genuina de hacer algo, pueden llegar a ser un instrumento muy útil que permitirá elaborar los planes de acción adecuados.

2018/10/23

2019ko AURREKONTURAKO BOZKEN EMAITZAK


Auzo elkarteak egindako lau proposamenetik bat bakarra pasa zen bozketara, ORIXE IKASTOLAREN INGURUKO KALEETAN JOLASGUNE BAT EGITEA (150.000 €), hain zuzen eta bozkatuenetako bat izan da.

3.560 donostiarrek 17.800 boto eman dituzte 2019ko udal aurrekontuaren 2.700.000 euro zertara bideratzera erabakitzeko.

Boto gehien jaso dituzten proposamenak, eta, hasiera batean, aurrekontuetan sartuko diren proiektuak hauek dira: 

KONTXAKO BIDEGORRIA BABESTEA
160.000 €
BIZIKLETAK UZTEKO ATERPEAK
100.000 €
AMARA BERRI (MORLANS) IKASTOLAKO PATIOAK BIRBANATZEA ETA FORMULATZEA
290.000 €

HIRI JASANGARRIA
30.000 €
ARBAIZENEA, HIRIRAKO ETA MORLANS AUZORAKO BASOA
12.000 €

ONDARRETA HONDARTZAKO PASEOA ZABALDU, HAIZE ORRAZIKO PASEOA PEATONALA EGIN
300.000€

ORIXE IKASTOLAREN INGURUKO KALEETAN JOLASGUNE BAT EGITEA
150.000€

SEMAFORO AKUSTIKOAK
300.000 €
HIRIKO BASO JANGARRIAK ETA HIRIKO BARATZE EKOLOGIKO KOMUNITARIOAK
15.000 €

HIRIAN GIZATASUN-KANPAINA BAT MARTXAN JARTZEA (HONDAKINAK, GARBIKETA, ETAB)
180.000€

CRISTINA ENEA PARKEKO BIODIBERTSITATEA HANDITZEA
15.000 €

J. M. SALABERRIAKO 11ETIK 17.ERA BITARTEKO AETA FAMILIA SANTUAREN PARROKIAKO ARGIZTAPENA HOBETZEA
200.000 €

AIETEKO JOLASTOKIA ESTALTZEKO PROIEKTUA
40.000 €

HIRUGARREN ADINEKOENTZAKO KIROL-PARKE BAT
30.000 €

BIDEGORRIA OSASUN-ETXETIK CUMBRERAINO LUZATEKO PROIEKTUA PRESTATZEA  
15.000 €


Bestalde, Ekialdeko Barrutiari buruz (ALTZA), boto gehien jaso dituzten proposamenak honakoak izango dira: 

PUNTU KRITIKOA HERRERAKO PLAZA ETA N-1 ERREPIDEAREN AZPIAREN ATZEKO ALDEA ETA TRENBIDEKO ZUBIAREN AZPIAN
100.000 €

BIDEGORRIA ETA DBIZI GELTOKIA ALTZAN
15.000 €

INTXAURRONDO IKASTOLAKO PATIOAREN ZATI BAT ESTALTZEA
290.000 €

ALTZAN KIROL-INSTALAZIOAK JARTZEA
10.000 €

ESPALOI IRRISTAKORRA
20.000 €
TRAFIKOA LASAITZEA HERRERA PASEALEKUKO 68.EAN BIRIBILGUNEA ETA SEMAFOROA JARRITA
100.000 €

Enlace a la noticia en la página web del Ayuntamiento:

2018/10/11

Orixe Ikastola hobekuntzaren alde, bozkatu! 2019ko Aurrekontuak


Donostiako Udalak hiria eta gure auzoak hobetzen dituzten proposamenak jasotzeko, eta 2019ko aurrekontu proiektura eramateko, urte honetako ekaineko lehen hamabostaldian abiarazi zuen prozesua burutu da.

Gure elkartearen lau proposamenetako, soilik bat pasa da bozketara, 0056, Orixe Ikastola inguratzen duten kaleak oinezkoentzat egiteko. Gainera, beste bat, auzotarrakek egindakoa ere, 0051, Kaiko eta Mari kaleko moto aparkalekuak kalea ezabatzeko, baita ere pasa da.

Parte Zaharrean Bizi partetik animatzen dugu bozketan parte har dezazula, 8a eta urriaren 21a bitartean egin ahal izango dena (lotura proposamenekin, beherago daude) eta proposatzen dizuegu, aukera daitezkeen bostetako, Parte Zaharrarekiko erlazioa duten biak sar ditzazula.

Auzotar gehiagori animatu!



Participa y vota para mejorar la calidad de vida del alumnado de la Ikastola Orixe. Presupuestos de 2019
El proceso que el Ayuntamiento de Donostia puso en marcha en la primera quincena de junio de este año para recoger propuestas que mejoren la ciudad y nuestros barrios, y llevarlas al proyecto de presupuesto de 2019, ha finalizado.

De las cuatro propuestas de nuestra asociación solo una, la 0056, para peatonalizar las calles que rodean la Ikastola Orixe, ha pasado a la votación. Además, hay otra, la 0051, realizada por vecinas y vecinos, para eliminar los aparcamientos de motos del Muelle y la calle Mari, que también lo ha hecho.

Desde Parte Zaharrean Bizi os animamos a que participéis en la votación, que se podrá realizar entre el 8 y el 21 de octubre (enlaces a las propuestas, más abajo) y os proponemos que, de las cinco que se pueden elegir, incluyáis las dos que tienen relación con la Parte Vieja.

¡Anima a más vecinas y vecinos!


2018/10/01

INICIATIVA DE AAVV DE CIUDADES DEL ESTADO ESPAÑOL CON CASCO HISTÓRICO


El pasado 26 de septiembre, en representación de ​​más de 300 entidades de 9 Comunidades Autónomas, entre las que destacamos más de 100 AAVV de Centros Históricos, se expuso en la Secretaría de Estado para el Turismo, ante la Comisión Comercio y Turismo, el punto de vista que se tiene sobre las Viviendas de Usos Turísticos (VUT) y de la problemática​ ​ que está generando en nuestros domicilios y barrios. 

En la Comisión están representados el gobierno central con representantes de la Secretaría de Estado de Turismo, ​la​ Federación Española de Municipios y Provincias y representantes de todas las Comunidades Autónomas. 

Se defendieron básicamente cuatro propuestas:

– La prohibición de las VUT en edificios residenciales o, en su defecto, que queden limitadas a la planta baja o inferiores, con un acceso independiente y sin comunicación con el resto de las viviendas. Esto debería estar incluido en una Ley por el Derecho a la Vivienda.
– La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal de manera que no sea necesaria la unanimidad de los votos de los vecinos y vecinas de una comunidad para rechazar la apertura de una VUT.
– El refuerzo de los servicios de inspección y control de la Administración y una mayor cobertura legal de estos. Con sus propias Normas Urbanísticas, muchos ayuntamientos tienen capacidad para sancionar y cerrar las VUT ilegales, pero la mayoría han optado por mirar hacia otro lado en todos estos años de desarrollo del fenómeno.
– Sancionar a aquellas plataformas que publicitan VUT ilegales.
 

Resumen de la intervención:


A todas las Comunidades Autónomas y al Estado les quedó claro el malestar de las AAVV que han impulsado esta iniciativa.

2018/09/18

Enmienda a la totalidad a la ordenanza reguladora de las ocupaciones de dominio y uso público


El pasado 11 de septiembre finalizó el plazo de presentación de enmiendas a la ordenanza reguladora de las ocupaciones de dominio y uso público.

Hace tiempo que nuestra asociación manifestó su preocupación ante el uso excesivo y masivo del espacio público común en suelo y fachadas para la exposición de productos vinculados a la actividad comercial en la ciudad y, sobre todo, en Parte Vieja. Incluso en el Plan Director de Turismo de Donostia 2017-2021 se señala como una amenaza para la calidad del paisaje urbano que afecta especialmente a la Parte Vieja pero que tiende a expandirse a otras partes de la ciudad:

“En esta zona comienza a extenderse un paisaje comercial turístico que prolonga su superficie de venta hacia la calle e invade con expositores y parafernalia turística el espacio público. Carteles, expositores, veladores, marcas globales se convierten en factor de deterioro y banalización paisajística, a pie de calle, pero también en plantas superiores. Algunos de estos elementos fundamentalmente relacionados con la publicidad se convierten en vector de contaminación visual”

Y, sin embargo, la ordenanza no imposibilita esa amenaza (que no olvidemos, se está realizando sin ninguna autorización); al contrario, la va a autorizar.  Por ello, Parte Zaharrean Bizi ha registrado una enmienda para que “se prohíba la extensión de la actividad de los establecimientos y locales comerciales al dominio público municipal, mediante la instalación de expositores de productos, carteles indicadores, elementos de decoración u ornato, tanto a nivel de suelo como adosado a las fachadas”. Y plantea otras 22 enmiendas más a distintos artículos de la Ordenanza[1]

La nueva propuesta del gobierno municipal hace una mezcolanza de usos diferentes que se pretenden regular bajo esta misma ordenanza. Sitúa en el mismo nivel actividades que buscan obtener un beneficio económico con las de asociaciones y grupos sin ánimo de lucro; actividades con ánimo de lucro que necesariamente deben realizarse en el espacio público (mercadillo, churrerías, puestos de la ONCE, …), con aquéllas para las que el uso del espacio público no es un soporte fundamental; una actividad económica de la que se vive con otra de la que se subsiste (manteros o pequeños artesanos ambulantes). De la misma forma que tampoco es lo mismo una ocupación puntual que otra que puede adquirir hasta 4 años.

Esta mezcla no se hace por casualidad y sus efectos pueden ser perversos. Para cualquier actividad que se haga en la calle (las únicas excepciones que se señalan son las que se señalan en el artículo 29-5 y las ocupaciones que están reguladas por otras ordenanzas, artículo 3-2) se deberá haber solicitado una autorización municipal con un mínimo de 10 días de antelación (artículo 30-a). Algo tan natural y previsible para una Asociación de Vecinos como colocar una mesa para informar o recoger firmas deberá contar con una autorización porque si no podrá ser sancionada por infracción grave (artículo 56-3-b). Una cosa tan sencilla como el reparto de hojas necesitaría de autorización municipal (artículo 56-2-e). Las actividades simples de asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro y con escasa afección al dominio público no debieran estar reguladas por esta ordenanza, y debieran añadirse a las excepciones explícitamente señaladas en el artículo 29-5.

También alegamos que debe cumplirse la normativa en materia de accesibilidad y la referida a las condiciones de intervención de los servicios de emergencia, tendiendo a la consecución de un dominio público municipal libre de barreras. (artículo 9.4).

Para las calles peatonales, la ordenanza no recoge las exigencias de anchuras exigidas para la intervención de los servicios de emergencia que aparecen en el CTE DB SI 5 (una anchura mínima libre de 3,5m y para girar una anchura libre para circulación de 7,20 m) y en el informe de Bomberos de Donostia (como regla general un paso libre mínimo de 4 m que se podrá reducir a 3,5m previa justificación). En dichas calles, las exigencias de paso libre deben ser mayores. Y es que el Ayuntamiento está obligado a cumplir la normativa de ámbito superior.

Los períodos de ocupación autorizables, tanto las ocupaciones mediante autorización (artículo 29-1) como las ocupaciones mediante concesión (artículo 38), nos parecen excesivos. Las actividades ocasionales no deben superar los períodos de las festividades en las que se desarrollan. Ni las de carácter permanente más de 1 año.

Para finalizar, merece la pena mencionar La “Disposición final segunda. Entrada en vigor: La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y transcurrido el plazo de quince días hábiles previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. No obstante, la Sección Primera del Capítulo 3 del Título II, relativo a los “Expositores de productos e instalaciones análogas”, lo hará al año de la citada publicación.”

Es sorprendente la arbitrariedad y el deseo de favorecer a los comercios que sacan expositores actualmente, sin autorización, como sabemos. Conceder ¡un año! hasta que entre en vigor el apartado de expositores cuando el resto de la ordenanza se aplicará en 15 días no es comprensible. Al igual que han hecho con los apartamentos turísticos, se concede un año para que cada establecimiento haga lo que le dé la gana. ¡Demencial!



[1] En el supuesto de que esa enmienda fuera rechazada, la totalidad de enmiendas sumarían 39     

2018/09/11

Santutxun Karmela Auzo Etxea sortu dute, auzolanean, ikastola izandako eraikinean. Udalaren oniritziaz. Proiektua aurkezteko hitzaldia bihar Gaztetxean.

Hitzaldi interesgarria antolatu dute biharko (asteazkena, 18:00etan) Gaztetxee eraikitzeko (Kaialden) lanean diharduten gazteak .
Karmelo ikastolaren eraikin zaharra Auzo Etxe da, auzolanean eraikia. Gazte Asanbladaren ekimenez.
Auzoko pertsona/eragile guztiei luzatu digute hitzaldira hurbiltzeko gonbita.


Karmela proiektua azaltzeko bideoa:


2018/09/05

Parte Zaharrak auzo-bizitzarako guneak (ekipamenduak, tokiak...) behar ditu:


Parte Zaharrak auzo-bizitzarako guneak (ekipamenduak, tokiak...) behar ditu:

Parte Zaharrean Bizi auzo elkartearen adierazpena


Joan zen larunbatean auzoko gazteak Kaialde eraikin hutsean (Orixe ikastola egon zen tokian) sartu ziren eta Parte Zaharreko Gaztetxea eratzeari ekin zioten.

Gertaera horrek agerian jartzen du, berriz ere, auzoan dugun gune, espazio eta ekipamenduen gabezia auzotarron auzo-bizitza eta ekimenak garatzeko.Parte Zaharrean ez dugu  auzotarrak elkartzeko eta jarduerak garatzeko ekipamendu publikorik: ez gazteentzako, ez  gaztetxoentzako, ez haurrentzako, ez helduentzako... Bilgune bat bera ere ez.

Auzo Elkartea sortu zenetik  behin eta berriz  eskatu dio udalari gabezi hori konpontzeko neurriak har ditzan (aurretik beste zenbait eragilek ere bide beren aritu ziten), zenbait saiakera izan badira ere egun ez dugu inolako bilgunerik

Eta bitartean auzoan dauden eraikin publiko asko hutsik egon dira (Kaialde eraikina bera, Santa Teresa eraikina...) edo esku pribatuetara pasa edo pasako dira (La Salako plazako eraikina, Arrandegia eraikinaren zati handi bat...).

Kaialdeko eraikinean bertan duela lau urte Auzo Etxea eraikitzeko proiektua abian jarri zen: Udal Gobernuak ekimena hartu zuen, Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailak (garai hartan eraikina erabiltzeko lagapena zuena) eraikina udalari itzultzeko prest zegoen, auzo elkarteak auzotarron parte hartze prozesua abian jarri zuen egitasmoa definitzen joateko... Baina, dena bertan behera gelditu zen, udal batzan oposizioko taldeek (EAJ, PSE eta PP) kontra egin baitzuten. Arrazoia: Lanbide Heziketako ikastetxe bat egiteko erabiliko zela. Egitasmo horretaz, ordea, ez da berriz ere ezer entzun, eta beste lau urte luzez jarraitu eraikinak hutsik. Eta auzotarron beharrak ase gabe.

Gauzak horrela, orain, Udal Gobernuari proposatzen diogu lan-mahai bat osatu dezan ahalik eta azkarren, non auzoko eragile eta udal teknikari eta arduradunak elkartuko garen auzotarron ekipamendu beharrei irtenbideak behingoz bilatzeko.

Eta bitartean, Gaztetxea eraikitzeko proiektuan diharduten gazteengana hurbildu, haiekin elkartu eta hizketan has dadin.

Donostia, 2018-09-05
Parte Zaharrean Bizi auzo elkartea


2018/08/10

PENOSA INTROMISIÓN DE LA CNMC EN LA REGULACIÓN SOBRE LOS PISOS TURÍSTICOS


      ¿Por qué la CNMC no presenta sus alegaciones a dicha Ordenanza, si tanto interés tiene en la cuestión?  

      La CNMC dice promover y defender el buen funcionamiento de todos los mercados en interés de los consumidores y de las empresas, pero debe hacerlo con absoluto respeto también a la legalidad de todas las instituciones públicas, no al margen de ellas.

      La CNMC demuestra un absoluto desconocimiento y nulo respeto por otro tipo de legalidades que no sean la libre competencia. Desconoce otros derechos más importantes que el del libre mercado como son: el derecho a la intimidad personal y familiar, o el derecho de la ciudadanía a un medio ambiente urbano que garantice su salud y el descanso, así como el derecho a una vivienda digna (derecho protegido constitucionalmente), especialmente cuando es conocido el efecto que la falta regulación de este sector tiene en el encarecimiento del alquiler y la compraventa de vivienda.


Parte Zaharrean Bizi Auzo Elkartea quiere expresar públicamente su indignación ante el anuncio realizado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de recurrir en los tribunales la modificación de la Ordenanza municipal reguladora del uso de vivienda turística y de alquiler de habitaciones en vivienda habitual para uso turístico aprobadas el 1 de marzo de 2018 por el Pleno del Ayuntamiento de Donostia. 

En primer lugar, queremos recordar a la CNMC que el Ayuntamiento de Donostia tiene pendiente de aprobación un Plan Especial y una Modificación parcial del PGOU de la ciudad para la Parte Vieja, a la espera de ser publicado para someterse a ‘consulta pública’. 

Si tanto interés tiene este organismo en la cuestión, ¿por qué la CNMC no registra sus alegaciones a dicha Ordenanza como hacemos el resto de la ciudadanía – como así lo hizo Parte Zaharrean Bizi en clara discrepancia con la Ordenanza de Donostia- en vez de anunciar directamente una demanda? Parece más una velada amenaza a que se regule la cuestión de los Pisos Turísticos por parte de los Ayuntamientos, que al diligente ejercicio del control de la competencia para el correcto funcionamiento de los mercados. 

Entendemos que la acción judicial de la CNMC se paga con dinero de toda la ciudadanía, cuestión no menor para que los responsables de esta institución se lo piensen antes de insistir en sus erróneas decisiones. Ahí está el fracaso estrepitoso de la CNMC ante el Supremo en su intento de liberalizar el sector del taxi. ¿Alguien en este organismo asume responsabilidades por sus decisiones erróneas que nos cuestan dinero a las contribuyentes? 

Segundo, y más importante, la CNMC demuestra un absoluto desconocimiento y nulo respeto por otro tipo de legalidades que no sean la libre competencia. Desconoce por ejemplo la legalidad urbanística, fundamental en la cuestión que aborda. Y peor aún, desconoce otros derechos más importantes que el del libre mercado como son: el derecho a la intimidad personal y familiar, o el derecho de la ciudadanía a un medio ambiente urbano que garantice su salud y el descanso, así como el derecho a una vivienda digna (derecho protegido constitucionalmente), especialmente cuando es conocido el efecto que la falta regulación de este sector tiene en el encarecimiento del alquiler y la compraventa de vivienda. 

La CNMC desconoce muchas cosas y consideramos que está ejerciendo sus competencias de una manera equivocada, adentrándose en políticas que no tienen que ver con la libre competencia. La libertad de empresa no puede estar por encima de los derechos de los demás. Nos alarma comprobar que la CNMC, en lugar de ocuparse de lo que tiene que ocuparse realmente, como, por ejemplo, una bajada en el precio de la luz o el gas, pretenda imponer intereses de parte, en este caso, las de las empresas de la industria del turismo en sus diferentes vertientes.  

Ponemos en tela de juicio que este recurso esté dentro del ámbito de actuación de la CNMC y de sus funciones, pues en su página web no encontramos nada al respecto: https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacionhttps://www.cnmc.es/sobre-la-cnmc/que-es-la-cnmc#funciones 

Creemos que ni la sociedad vasca, ni sus instituciones comulgan los planteamientos ultra liberales de la CNMC.

2018/08/06

Defensores del Pueblo contra el ruido: En defensa del derecho de la ciudadanía a un domicilio libre de ruido

Aunque la noticia es de septiembre de 2016, dada su relevancia, consideramos que debe ser conocida y leída atentamente por el mayor número de personas.


La Defensora del Pueblo y los defensores del Pueblo autonómicos, reunidos en Iruña en las XXXI Jornadas de Coordinación han aprobado el siguiente decálogo:
En defensa del derecho de la ciudadanía a un domicilio libre de ruido
Las defensorías del pueblo, conscientes de la incidencia negativa que en la calidad de vida de la ciudadanía tiene la contaminación acústica, desean postular una serie de medidas destinadas a garantizar de manera real y efectiva los derechos constitucionales que pueden ser vulnerados por su impacto.
Entre tales derechos, y de acuerdo con una consolidada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, destacan los derechos fundamentales a la integridad física y psíquica, la intimidad personal y familiar y la inviolabilidad del domicilio, así como los derechos de todos a un medio ambiente adecuado y a la protección de la salud. Estos derechos se agrupan en lo que se ha dado en llamar el derecho de las personas al descanso y al silencio en su domicilio.
Sin perjuicio de recordar que el respeto al disfrute de estos derechos es una obligación no solo de los poderes públicos, sino también de la sociedad civil, consideramos que:
  1. Los poderes públicos (y, en particular, las administraciones competentes) deben promover cambios en las prácticas sociales que originan la contaminación acústica e impulsar la concienciación de la sociedad sobre sus perniciosas consecuencias para la ciudadanía, mediante la educación escolar y campañas formativas e informativas dirigidas a sensibilizar a la población. El ruido debe ser tratado como un problema de entidad que afecta seriamente a la calidad de vida de las personas.
  2. La garantía del derecho a un medio ambiente adecuado en los espacios rural y urbano y, de manera singular, en las viviendas, exige que los poderes públicos sean conscientes y asuman su función pública de control ambiental de la contaminación acústica, cualquiera que sea el foco emisor que la origine, cuando se superan los límites establecidos por las normas.El ejercicio de esta función pública, como expresión de una buena administración al servicio de la ciudadanía, debe tener como objetivo irrenunciable garantizar el derecho a un domicilio libre de ruidos que permita a sus residentes disfrutar de su derecho al descanso.
  3. Con esta finalidad, las administraciones públicas deben ejercer, de forma eficaz y eficiente, las potestades que tienen asignadas en el ámbito de la ordenación del territorio, la planificación urbanística y el control y la disciplina ambiental, con el objeto de prevenir, evitar, y en su caso, suprimir la contaminación acústica que impida o limite el ejercicio de los derechos fundamentales.
  4. El ejercicio de la función pública relacionada con el control de la contaminación acústica hace necesario, además, que se elaboren planes de inspección dirigidos a verificar de oficio que los establecimientos e instalaciones que generan contaminación acústica dispongan de las correspondientes autorizaciones administrativas para su funcionamiento y que se respete el cumplimiento de las medidas correctoras impuestas.
  5. Las administraciones autonómicas, provinciales y locales deben promover un marco de coordinación y colaboración que garantice que todos los municipios puedan ejercer de una manera efectiva las potestades administrativas que tienen asignadas, garantizando la igualdad en la tutela y disfrute de los derechos fundamentales, con independencia del lugar en el que resida la ciudadanía.
  6. Asimismo, y con la finalidad de que los municipios puedan ejercer las competencias que tienen asignadas en este ámbito, ya sea por medios propios o por vía de colaboración con otras administraciones públicas, deben poder contar con los medios técnicos y personales necesarios que permitan crear en todo el territorio, urbano o rural, un servicio público de inspección y control de ruido.Se debería reconocer e impulsar el papel de la policía ambiental (en cualquiera de sus niveles: local, provincial o autonómico) como una institución clave en la detección rápida de este problema, en cuanto a las posibilidades de inspección “in situ”, en el foco de emisión de los ruidos, una correcta medición de los niveles de ruido en los domicilios y, en su caso, intervención cautelar.
  7. Las administraciones públicas no solo deben dar respuesta e impulso a las denuncias por exceso de ruido en los domicilios que planteen las personas afectadas, sino que deben, también, hacer un seguimiento de las medidas que se adoptan, facilitando medios para que la ciudadanía, de manera transparente, pueda ser informada de la adopción de tales medidas o para que, en su caso, pueda denunciar la inactividad de las autoridades y funcionarios ante sus reclamaciones. Asimismo, deben dar cumplimiento sin dilación a las sentencias de los tribunales de justicia, (sobre todo, del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos) que dan amparo a ciudadanos concretos en casos probados de vulneración de sus derechos.
  8. Sería aconsejable que las administraciones públicas promovieran mesas o foros de participación ciudadana para la gestión de conflictos sociales derivados del exceso de locales de ocio nocturno o por el funcionamiento de actividades que generen molestias de convivencia graves y continuadas.
  9. Aunque lo deseable en un Estado de derecho es que la tutela del derecho de los ciudadanos a un domicilio libre de inmisiones acústicas que no tienen el deber jurídico de soportar, se ejerza por los órganos que tienen encomendada la potestad para ejercer esa función pública, las defensorías valoran de manera positiva las actuaciones de jueces, tribunales de justicia y fiscales a la hora de garantizar los derechos vulnerados por la contaminación acústica, cuando estos no son debidamente protegidos por las autoridades y funcionarios responsables en sede administrativa.
  10. Las defensorías del pueblo remarcan su compromiso con la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía cuando estos sean vulnerados por causa de la contaminación acústica.Con esa finalidad, se comprometen a realizar cuantas acciones estén legalmente a su alcance para proteger de manera eficaz el derecho de la ciudadanía a residir en un domicilio libre de ruido, incluso poniendo en conocimiento de la Fiscalía aquellos casos en que observen vulneraciones de derechos de la ciudadanía con una posible relevancia penal.Asimismo, las defensorías del pueblo se comprometen a promover actuaciones de información, coordinación y divulgación de buenas prácticas en los ayuntamientos con objeto de fomentar la adopción de medidas de distinta naturaleza para prevenir o gestionar los conflictos ambientales, así como a ayudar a los ciudadanos damnificados en la orientación jurídica que resulte necesaria para que estos puedan ejercer acciones en defensa de sus derechos en los órdenes competentes.
Publicada en: 
El decálogo de las y los defensores del pueblo es muy claro: El ejercicio de esta función pública, como expresión de una buena administración al servicio de la ciudadanía, debe tener como objetivo irrenunciable garantizar el derecho a un domicilio libre de ruidos que permita a sus residentes disfrutar de su derecho al descanso.”
Sin embargo los vídeos que más abajo se enlazan, grabados recientemente en la Parte Vieja, son clarificadores. Facilitan observar la distancia que existe entre la propaganda y la realidad. Entre alguna campaña municipal, como (“Love San Sebastián-Live Donostia”) y la inacción para intervenir sobre la fuente de los problemas reales. “Autismo social”, pues obvia lo principal, la protección de nuestra salud y descanso, la protección de quienes vivimos en el barrio a la hora de tomar medidas correctoras prácticas.